La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido haber impuesto de manera indebida más de 1.800 sanciones a vehículos de transporte pesado que circulaban correctamente durante días de restricciones a la circulación.
Este hecho, revelado en una respuesta parlamentaria recogida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), pone de manifiesto un problema en el sistema automatizado de control de tráfico y su impacto en el sector del transporte por carretera.
La situación se originó a raíz de las denuncias presentadas por Fenadismer, que alertó sobre la actuación reiterada y abusiva de la DGT al sancionar de forma indiscriminada a camiones mediante cámaras automatizadas. Estas cámaras, ubicadas en distintos tramos de la red viaria, detectan matrículas de vehículos que circulan durante periodos de restricción sin distinguir entre los quedan exentos de la prohibición y aquellos que realmente incumplen la normativa.
En su respuesta, la DGT negó inicialmente la existencia de irregularidades, defendiendo la legalidad del procedimiento y afirmando que los transportistas afectados tienen la posibilidad de presentar alegaciones. No obstante, el propio organismo reconoció posteriormente que, en lo que va de 2025, se han detectado 1.803 multas erróneas emitidas por este sistema de control automatizado, pese a que se aplica un filtrado previo para depurar los listados de matrículas captadas.
Este reconocimiento oficial evidencia las limitaciones de los sistemas de control automatizado cuando no se complementan con una verificación humana o con mecanismos que consideren las excepciones legales aplicables a los vehículos de transporte. Para el sector, estas prácticas suponen una carga administrativa y económica injustificada, además de un perjuicio a la reputación de los profesionales que cumplen con la normativa.
Fenadismer mantiene abierta una queja ante el Defensor del Pueblo, solicitando amparo por la situación de indefensión a la que se ven sometidos los transportistas. La organización reclama que se refuercen las garantías legales y el principio de presunción de inocencia en los procedimientos sancionadores.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la precisión y el control de los sistemas automatizados de tráfico, garantizando un equilibrio entre la seguridad vial y el respeto a los derechos de los profesionales del transporte, pieza fundamental en el funcionamiento diario de la economía.
Este hecho, revelado en una respuesta parlamentaria recogida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), pone de manifiesto un problema en el sistema automatizado de control de tráfico y su impacto en el sector del transporte por carretera.
La situación se originó a raíz de las denuncias presentadas por Fenadismer, que alertó sobre la actuación reiterada y abusiva de la DGT al sancionar de forma indiscriminada a camiones mediante cámaras automatizadas. Estas cámaras, ubicadas en distintos tramos de la red viaria, detectan matrículas de vehículos que circulan durante periodos de restricción sin distinguir entre los quedan exentos de la prohibición y aquellos que realmente incumplen la normativa.
En su respuesta, la DGT negó inicialmente la existencia de irregularidades, defendiendo la legalidad del procedimiento y afirmando que los transportistas afectados tienen la posibilidad de presentar alegaciones. No obstante, el propio organismo reconoció posteriormente que, en lo que va de 2025, se han detectado 1.803 multas erróneas emitidas por este sistema de control automatizado, pese a que se aplica un filtrado previo para depurar los listados de matrículas captadas.
Este reconocimiento oficial evidencia las limitaciones de los sistemas de control automatizado cuando no se complementan con una verificación humana o con mecanismos que consideren las excepciones legales aplicables a los vehículos de transporte. Para el sector, estas prácticas suponen una carga administrativa y económica injustificada, además de un perjuicio a la reputación de los profesionales que cumplen con la normativa.
Fenadismer mantiene abierta una queja ante el Defensor del Pueblo, solicitando amparo por la situación de indefensión a la que se ven sometidos los transportistas. La organización reclama que se refuercen las garantías legales y el principio de presunción de inocencia en los procedimientos sancionadores.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la precisión y el control de los sistemas automatizados de tráfico, garantizando un equilibrio entre la seguridad vial y el respeto a los derechos de los profesionales del transporte, pieza fundamental en el funcionamiento diario de la economía.
