Los sucesivos bloqueos debidos a las restricciones ante el riesgo de nieve decretadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), han ocasionado innumerables perjuicios a miles de transportistas que, por motivos ajenos a su voluntad, se han encontrado con la imposibilidad de finalizar los cursos ADR de mercancías peligrosas.
Pese a ello y, a diferencia del Ministerio de Transportes que anunció su compromiso de convalidar parcialmente los cursos CAP que no hubieran podido finalizar los conductores profesionales afectados por los bloqueos, la DGT rechaza convalidar parcialmente los cursos ADR de mercancías peligrosas por no considerarlo necesario pese a que, los bloqueos más importantes, fueron debidos a sus medidas restrictivas y preventivas ante el riesgo de nevadas que, finalmente, no se produjeron.
La respuesta de la DGT, remitida este lunes a las organizaciones nacionales de transportistas, supone un nuevo agravio al transporte profesional pues, como consideran desde Fenadismer, esta decisión supone una nueva muestra de desprecio y falta de sensibilidad hacia el sector, especialmente grave si se tiene en cuenta que los bloqueos más severos fueron consecuencia directa de decisiones “precipitadas, injustificadas y desproporcionadas” de la propia DGT.
Las restricciones decretadas prohibieron durante tres días la circulación de camiones en más de 3.000 kilómetros de la red viaria principal, dejando atrapados a más de 10.000 transportistas en cunetas y áreas improvisadas, muchos de ellos en pleno fin de semana, coincidiendo con la realización de cursos obligatorios de reciclaje profesional.
Hay que tener en cuenta que, la normativa vigente al respecto, establece que la ausencia a una sola jornada de los cursos CAP o ADR, habitualmente impartidos en fin de semana, supone la anulación automática del curso completo, impidiendo la obtención o renovación de la tarjeta CAP o del permiso ADR. Esto obliga a los conductores a repetir íntegramente la formación, con el consiguiente coste económico y pérdida de tiempo.
Por este motivo, resulta especialmente llamativo, en primer lugar, que la DGT, responsable de provocar la situación, rechace las peticiones del sector y se niegue a aplicar una solución excepcional totalmente justificada pese a que las asociaciones habían solicitado formalmente dicha convalidación días antes y, en segundo lugar, que haya ignorado que la Dirección General de Transporte por Carretera ha anunciado que sí va a permitir convalidar las horas y módulos ya impartidos en los cursos CAP al matricularse en un nuevo curso. Una decisión que el sector ha valorado positivamente.
Este conflicto tiene precedentes pues, cabe recordar, que las asociaciones nacionales de transportistas acordaron solicitar al Ministro del Interior el cese del director general de Tráfico, precisamente por la gestión del episodio de nevadas que nunca llegaron a producirse y que ocasionó uno de los mayores bloqueos de camiones de los últimos años.
La negativa a convalidar los cursos ADR por parte de la DGT no es un hecho aislado, sino la confirmación de una política que sigue penalizando al transporte profesional, incluso cuando las consecuencias derivan de decisiones administrativas erróneas. Una vez más, los transportistas pagan el precio de una gestión que, lejos de rectificar, se reafirma en su falta de autocrítica.
Pese a ello y, a diferencia del Ministerio de Transportes que anunció su compromiso de convalidar parcialmente los cursos CAP que no hubieran podido finalizar los conductores profesionales afectados por los bloqueos, la DGT rechaza convalidar parcialmente los cursos ADR de mercancías peligrosas por no considerarlo necesario pese a que, los bloqueos más importantes, fueron debidos a sus medidas restrictivas y preventivas ante el riesgo de nevadas que, finalmente, no se produjeron.
La respuesta de la DGT, remitida este lunes a las organizaciones nacionales de transportistas, supone un nuevo agravio al transporte profesional pues, como consideran desde Fenadismer, esta decisión supone una nueva muestra de desprecio y falta de sensibilidad hacia el sector, especialmente grave si se tiene en cuenta que los bloqueos más severos fueron consecuencia directa de decisiones “precipitadas, injustificadas y desproporcionadas” de la propia DGT.
Las restricciones decretadas prohibieron durante tres días la circulación de camiones en más de 3.000 kilómetros de la red viaria principal, dejando atrapados a más de 10.000 transportistas en cunetas y áreas improvisadas, muchos de ellos en pleno fin de semana, coincidiendo con la realización de cursos obligatorios de reciclaje profesional.
Hay que tener en cuenta que, la normativa vigente al respecto, establece que la ausencia a una sola jornada de los cursos CAP o ADR, habitualmente impartidos en fin de semana, supone la anulación automática del curso completo, impidiendo la obtención o renovación de la tarjeta CAP o del permiso ADR. Esto obliga a los conductores a repetir íntegramente la formación, con el consiguiente coste económico y pérdida de tiempo.
Por este motivo, resulta especialmente llamativo, en primer lugar, que la DGT, responsable de provocar la situación, rechace las peticiones del sector y se niegue a aplicar una solución excepcional totalmente justificada pese a que las asociaciones habían solicitado formalmente dicha convalidación días antes y, en segundo lugar, que haya ignorado que la Dirección General de Transporte por Carretera ha anunciado que sí va a permitir convalidar las horas y módulos ya impartidos en los cursos CAP al matricularse en un nuevo curso. Una decisión que el sector ha valorado positivamente.
Este conflicto tiene precedentes pues, cabe recordar, que las asociaciones nacionales de transportistas acordaron solicitar al Ministro del Interior el cese del director general de Tráfico, precisamente por la gestión del episodio de nevadas que nunca llegaron a producirse y que ocasionó uno de los mayores bloqueos de camiones de los últimos años.
La negativa a convalidar los cursos ADR por parte de la DGT no es un hecho aislado, sino la confirmación de una política que sigue penalizando al transporte profesional, incluso cuando las consecuencias derivan de decisiones administrativas erróneas. Una vez más, los transportistas pagan el precio de una gestión que, lejos de rectificar, se reafirma en su falta de autocrítica.
