La Ley de facturación electrónica, conocida como "Ley Crea y Crece", será de carácter obligatorio a partir de 2023, y tiene como propósito simplificar procesos y eliminar barreras en la actividad empresarial. Esta normativa es aplicable a empresas de cualquier tamaño y busca agilizar trámites burocráticos convirtiéndolos en procedimientos electrónicos más sencillos.
La Ley fue aprobada el 22 de septiembre de 2022 y establece un plazo de dos años para que las empresas emitan y reciban facturas electrónicas. El objetivo principal de esta ley es promover el uso de facturas electrónicas para mejorar la transparencia, reducir costos de transacciones y combatir la morosidad.
Las empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros deben comenzar a cumplir con esta ley antes del 29 de septiembre de 2023. Para las demás empresas y autónomos con una facturación anual inferior a esa cantidad, tienen un año adicional para adaptarse, aunque se recomienda que se ajusten lo antes posible para aprovechar la herramienta elegida y corregir posibles errores antes de la implementación.
Para cumplir con la e-factura en el sector de transporte, es necesario que las facturas estén en formato XML (Facturae) y sean firmadas electrónicamente. Además, deben enviarse a través de Puntos Generales de Entrada de facturas electrónicas o entidades locales, indicando el destinatario mediante Código DIR3 para administraciones públicas o DIRe para empresas privadas.
Para cumplir legalmente con la factura electrónica, es fundamental elegir una plataforma en línea que cumpla con los requisitos mencionados. Esto incluye emitir y/o recibir facturas en los formatos adecuados y utilizar firma electrónica con un certificado electrónico. Las pymes y autónomos también deben proporcionar acceso digital a sus destinatarios para que puedan leer, copiar, descargar e imprimir las facturas de forma gratuita, manteniendo este acceso por al menos 4 años. Además, es importante disponer y proporcionar información del estado de las facturas.
En el mercado existen diversas empresas que ofrecen servicios de factura electrónica, por lo que es importante tomar el tiempo necesario para elegir la más adecuada para cada empresa de transporte, ya que esto evitará posibles sanciones de hasta 10,000 euros para empresas y autónomos.
La Ley fue aprobada el 22 de septiembre de 2022 y establece un plazo de dos años para que las empresas emitan y reciban facturas electrónicas. El objetivo principal de esta ley es promover el uso de facturas electrónicas para mejorar la transparencia, reducir costos de transacciones y combatir la morosidad.
Las empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros deben comenzar a cumplir con esta ley antes del 29 de septiembre de 2023. Para las demás empresas y autónomos con una facturación anual inferior a esa cantidad, tienen un año adicional para adaptarse, aunque se recomienda que se ajusten lo antes posible para aprovechar la herramienta elegida y corregir posibles errores antes de la implementación.
Para cumplir con la e-factura en el sector de transporte, es necesario que las facturas estén en formato XML (Facturae) y sean firmadas electrónicamente. Además, deben enviarse a través de Puntos Generales de Entrada de facturas electrónicas o entidades locales, indicando el destinatario mediante Código DIR3 para administraciones públicas o DIRe para empresas privadas.
Para cumplir legalmente con la factura electrónica, es fundamental elegir una plataforma en línea que cumpla con los requisitos mencionados. Esto incluye emitir y/o recibir facturas en los formatos adecuados y utilizar firma electrónica con un certificado electrónico. Las pymes y autónomos también deben proporcionar acceso digital a sus destinatarios para que puedan leer, copiar, descargar e imprimir las facturas de forma gratuita, manteniendo este acceso por al menos 4 años. Además, es importante disponer y proporcionar información del estado de las facturas.
En el mercado existen diversas empresas que ofrecen servicios de factura electrónica, por lo que es importante tomar el tiempo necesario para elegir la más adecuada para cada empresa de transporte, ya que esto evitará posibles sanciones de hasta 10,000 euros para empresas y autónomos.
