Al igual que sucedió en España con el "céntimo sanitario," el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un fallo en contra de la "contribución por el servicio vial" en Portugal.
Este impuesto, establecido por el gobierno portugués en 2007 a través de un recargo sobre los combustibles, tenía como objetivo financiar el mantenimiento de la red viaria del país vecino, generando más de 600 millones de euros anuales.
La reciente anulación por parte de la justicia europea abre la posibilidad para que los transportistas españoles reclamen por los suministros realizados en Portugal durante los últimos cuatro años.
Esta tasa se aplicaba a los consumos de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, con recargos de 11 céntimos por litro para el gasóleo, 8.7 céntimos para la gasolina y 12 céntimos para el GLP.
Anticipándose a un posible fallo desfavorable del Tribunal Europeo, el gobierno portugués derogó esta contribución en diciembre de 2022, incorporando su monto al impuesto sobre hidrocarburos, siguiendo una medida similar a la adoptada por el Gobierno español con el "céntimo sanitario."
Al igual que en España, tras la inicial resistencia del Estado portugués a reembolsar la contribución declarada ilegal, diversos pronunciamientos del Tribunal Arbitral luso han ordenado realizar estas devoluciones.
Esto abre la puerta para que transportistas y otros consumidores afectados presenten reclamaciones por las cantidades abonadas en los últimos cuatro años, incluyendo la posibilidad de exigir los correspondientes intereses de demora.
Por lo tanto, las empresas de transporte pueden iniciar el proceso administrativo ante la Autoridad Tributaria portuguesa para solicitar el reembolso de las sumas pagadas.
Este impuesto, establecido por el gobierno portugués en 2007 a través de un recargo sobre los combustibles, tenía como objetivo financiar el mantenimiento de la red viaria del país vecino, generando más de 600 millones de euros anuales.
La reciente anulación por parte de la justicia europea abre la posibilidad para que los transportistas españoles reclamen por los suministros realizados en Portugal durante los últimos cuatro años.
Esta tasa se aplicaba a los consumos de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, con recargos de 11 céntimos por litro para el gasóleo, 8.7 céntimos para la gasolina y 12 céntimos para el GLP.
Anticipándose a un posible fallo desfavorable del Tribunal Europeo, el gobierno portugués derogó esta contribución en diciembre de 2022, incorporando su monto al impuesto sobre hidrocarburos, siguiendo una medida similar a la adoptada por el Gobierno español con el "céntimo sanitario."
Al igual que en España, tras la inicial resistencia del Estado portugués a reembolsar la contribución declarada ilegal, diversos pronunciamientos del Tribunal Arbitral luso han ordenado realizar estas devoluciones.
Esto abre la puerta para que transportistas y otros consumidores afectados presenten reclamaciones por las cantidades abonadas en los últimos cuatro años, incluyendo la posibilidad de exigir los correspondientes intereses de demora.
Por lo tanto, las empresas de transporte pueden iniciar el proceso administrativo ante la Autoridad Tributaria portuguesa para solicitar el reembolso de las sumas pagadas.
