El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), anuló la obligación de que los vehículos regresaran cada ocho semanas al centro operativo de la empresa de transporte, argumentando su decisión en que no había quedado acreditado su proporcionalidad.
La medida anulada era uno de los puntos del Paquete de Movilidad, aprobado en 2020 y que había entrado en vigor en febrero de 2022.
Siete países de la Unión Europea (Lituania, Bulgaria, Rumania, Hungría, Chipre, Polonia y Malta) habían interpuesto diversos recursos de nulidad ante este Tribunal frente a algunos puntos de la norma. Ahora la Justicia les ha dado la razón en este punto echando atrás la obligación de los “camiones” de tener que regresar, cada ocho semanas, al centro operativo de la empresa (que no hemos de confundir con la obligación de los “conductores” de retornar a su residencia o centro de explotación de la empresa cada cuatro semanas, que sigue vigente) y ello porque el Parlamento y el Consejo no han demostrado que dispusieran de información suficiente en el momento de la adopción de dicha medida para poder apreciar su proporcionalidad.
Eso sí, el Tribunal de Justicia, ha confirmado en líneas generales la validez del Paquete de Movilidad y ha desestimado el resto de alegaciones de los siete países demandantes.
Y es que los jueces consideran que las normas adoptadas para hacer más seguro, eficaz y socialmente responsable el sector del transporte por carretera, son proporcionales al objetivo perseguido, se aplican sin distinción en toda la Unión Europea y no discriminan a las empresas de transporte establecidas en los Estados miembros.
El Tribunal entiende que este paquete de medidas (Paquete de Movilidad), no prohíbe a las empresas de transporte ejercer la libertad de establecimiento mediante la creación de filiales en los Estados miembros en los que pretenden prestar servicios de transporte y así establecerse más cerca de la demanda real de sus servicios.
Del mismo modo, sostiene que, mediante el Paquete de Movilidad, el legislador de la UE intentó lograr un nuevo equilibrio entre los diversos intereses en juego, en particular el interés de los conductores por mejores condiciones sociales de trabajo y el interés de los empresarios por realizar sus actividades de transporte en condiciones comerciales justas.
La medida anulada era uno de los puntos del Paquete de Movilidad, aprobado en 2020 y que había entrado en vigor en febrero de 2022.
Siete países de la Unión Europea (Lituania, Bulgaria, Rumania, Hungría, Chipre, Polonia y Malta) habían interpuesto diversos recursos de nulidad ante este Tribunal frente a algunos puntos de la norma. Ahora la Justicia les ha dado la razón en este punto echando atrás la obligación de los “camiones” de tener que regresar, cada ocho semanas, al centro operativo de la empresa (que no hemos de confundir con la obligación de los “conductores” de retornar a su residencia o centro de explotación de la empresa cada cuatro semanas, que sigue vigente) y ello porque el Parlamento y el Consejo no han demostrado que dispusieran de información suficiente en el momento de la adopción de dicha medida para poder apreciar su proporcionalidad.
Eso sí, el Tribunal de Justicia, ha confirmado en líneas generales la validez del Paquete de Movilidad y ha desestimado el resto de alegaciones de los siete países demandantes.
Y es que los jueces consideran que las normas adoptadas para hacer más seguro, eficaz y socialmente responsable el sector del transporte por carretera, son proporcionales al objetivo perseguido, se aplican sin distinción en toda la Unión Europea y no discriminan a las empresas de transporte establecidas en los Estados miembros.
El Tribunal entiende que este paquete de medidas (Paquete de Movilidad), no prohíbe a las empresas de transporte ejercer la libertad de establecimiento mediante la creación de filiales en los Estados miembros en los que pretenden prestar servicios de transporte y así establecerse más cerca de la demanda real de sus servicios.
Del mismo modo, sostiene que, mediante el Paquete de Movilidad, el legislador de la UE intentó lograr un nuevo equilibrio entre los diversos intereses en juego, en particular el interés de los conductores por mejores condiciones sociales de trabajo y el interés de los empresarios por realizar sus actividades de transporte en condiciones comerciales justas.
