El Gobierno mantiene durante el último trimestre del año la reducción del impuesto sobre hidrocarburos y articula el apoyo al transporte profesional mediante el gasóleo profesional. Y lo hace mediante un nuevo paquete de medidas de protección frente al incremento de los costes energéticos derivados de la guerra en Irán. El nuevo conjunto de medidas, anunciado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prolonga durante el último trimestre del ejercicio buena parte del esquema de apoyo aplicado en los meses anteriores.
El propio Ejecutivo ha reconocido que las expectativas existentes meses atrás sobre una estabilización de los precios del petróleo y del gas no se han cumplido y que el escenario energético se ha deteriorado, por lo que la decisión se produce en un contexto de mayor presión sobre los costes de explotación de las empresas de transporte.
La principal medida anunciada consiste en mantener temporalmente la reducción del impuesto sobre hidrocarburos, y la rebaja se establece inicialmente en:
Se incorpora, además, una cláusula de activación vinculada a la evolución del IPC de los carburantes. Si el incremento interanual del precio de la gasolina y/o del gasóleo supera el 15 %, la reducción podrá volver a situarse en 20 céntimos por litro.
Si lo analizamos desde una perspectiva jurídica, esta cláusula introduce un mecanismo de adaptación automática o condicionada de la intensidad de la medida a la evolución de un indicador económico. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de la evolución del índice y de las condiciones concretas que establezca la norma publicada en el BOE.
Debido a que los transportistas ya cuentan con un mecanismo de devolución ordinaria de cinco céntimos por litro, el Gobierno prevé complementar la ayuda para alcanzar los niveles anunciados. Por ello, la ayuda complementaria se situaría en:
La cuantía efectiva de la ayuda al transporte quedaría condicionada, por tanto, a la evolución del precio de los carburantes y a la eventual activación de la cláusula vinculada al IPC, lo que introduce un elemento de variabilidad durante el periodo de vigencia de las medidas.
FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) ha rechazado que la gestión del apoyo vuelva a realizarse fundamentalmente mediante las estaciones de servicio.
La organización considera que este sistema puede generar dificultades para garantizar que la reducción fiscal se traslade íntegramente al precio final soportado por los transportistas.
CETM (La Confederación Española de Transporte de Mercancías) ha valorado el mantenimiento de las medidas, pero reclama una respuesta proporcional a la evolución del precio del combustible.
Según los datos aportados por la organización, el precio del gasóleo habría pasado de aproximadamente 1,44 euros por litro al inicio del conflicto a unos 1,93 euros, lo que representa un incremento superior al 40 %. Por ello, considera necesario que una parte del incremento de la recaudación pública asociado al aumento de los precios de los carburantes revierta sobre la actividad económica para limitar sus efectos sobre empresas, empleo, inversión y poder adquisitivo.
ASTIC (La Asociación del Transporte Internacional por Carretera) ha puesto el foco, además, en la ejecución y pago de las ayudas anteriores.
La organización ha señalado que, a 29 de septiembre, numerosas empresas todavía no habían recibido las cantidades correspondientes a los programas anteriores, mientras que otras únicamente habrían recibido pagos parciales. Se evidencia con ello que la existencia formal de una ayuda no garantiza por sí misma su efecto inmediato sobre la liquidez de las compañías.
Se ha justificado la continuidad de las medidas a pesar del empeoramiento de la perspectiva energética, pues, en el momento en que se diseñó el paquete anterior, los mercados globales anticipaban la estabilización del precio del gas y del petróleo de manera progresiva.
El ministro Cuerpo ha valorado en más de 12.000 millones de euros el esfuerzo presupuestario acumulado asociado a los tres paquetes de medidas aprobados durante el año, e incorpora ahora una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel, destinada a compensar parcialmente el impacto del incremento del coste del combustible.
Debemos esperar, en todo caso, a la publicación del correspondiente real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado para conocer con precisión el alcance jurídico y económico de las medidas anunciadas, así como sus requisitos de aplicación, procedimiento de gestión, régimen de compatibilidad y mecanismos de revisión. Será entonces cuando las empresas del sector puedan determinar con exactitud las obligaciones y derechos derivados del nuevo régimen de ayudas y valorar su incidencia efectiva sobre los costes de explotación y la planificación financiera durante el último trimestre del ejercicio.
El propio Ejecutivo ha reconocido que las expectativas existentes meses atrás sobre una estabilización de los precios del petróleo y del gas no se han cumplido y que el escenario energético se ha deteriorado, por lo que la decisión se produce en un contexto de mayor presión sobre los costes de explotación de las empresas de transporte.
- El nuevo marco de ayudas: continuidad con modificaciones
La principal medida anunciada consiste en mantener temporalmente la reducción del impuesto sobre hidrocarburos, y la rebaja se establece inicialmente en:
- 20 céntimos por litro durante octubre.
- 13 céntimos por litro durante noviembre.
- 6 céntimos por litro durante diciembre.
Se incorpora, además, una cláusula de activación vinculada a la evolución del IPC de los carburantes. Si el incremento interanual del precio de la gasolina y/o del gasóleo supera el 15 %, la reducción podrá volver a situarse en 20 céntimos por litro.
Si lo analizamos desde una perspectiva jurídica, esta cláusula introduce un mecanismo de adaptación automática o condicionada de la intensidad de la medida a la evolución de un indicador económico. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de la evolución del índice y de las condiciones concretas que establezca la norma publicada en el BOE.
- II. El sistema específico para el transporte profesional
Debido a que los transportistas ya cuentan con un mecanismo de devolución ordinaria de cinco céntimos por litro, el Gobierno prevé complementar la ayuda para alcanzar los niveles anunciados. Por ello, la ayuda complementaria se situaría en:
- 5 céntimos por litro durante octubre
- 12 céntimos por litro durante noviembre
- 19 céntimos por litro durante diciembre
La cuantía efectiva de la ayuda al transporte quedaría condicionada, por tanto, a la evolución del precio de los carburantes y a la eventual activación de la cláusula vinculada al IPC, lo que introduce un elemento de variabilidad durante el periodo de vigencia de las medidas.
- Las organizaciones de transporte reclaman un sistema más estable
FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) ha rechazado que la gestión del apoyo vuelva a realizarse fundamentalmente mediante las estaciones de servicio.
La organización considera que este sistema puede generar dificultades para garantizar que la reducción fiscal se traslade íntegramente al precio final soportado por los transportistas.
CETM (La Confederación Española de Transporte de Mercancías) ha valorado el mantenimiento de las medidas, pero reclama una respuesta proporcional a la evolución del precio del combustible.
Según los datos aportados por la organización, el precio del gasóleo habría pasado de aproximadamente 1,44 euros por litro al inicio del conflicto a unos 1,93 euros, lo que representa un incremento superior al 40 %. Por ello, considera necesario que una parte del incremento de la recaudación pública asociado al aumento de los precios de los carburantes revierta sobre la actividad económica para limitar sus efectos sobre empresas, empleo, inversión y poder adquisitivo.
ASTIC (La Asociación del Transporte Internacional por Carretera) ha puesto el foco, además, en la ejecución y pago de las ayudas anteriores.
La organización ha señalado que, a 29 de septiembre, numerosas empresas todavía no habían recibido las cantidades correspondientes a los programas anteriores, mientras que otras únicamente habrían recibido pagos parciales. Se evidencia con ello que la existencia formal de una ayuda no garantiza por sí misma su efecto inmediato sobre la liquidez de las compañías.
- El Gobierno reconoce un cambio en el escenario energético
Se ha justificado la continuidad de las medidas a pesar del empeoramiento de la perspectiva energética, pues, en el momento en que se diseñó el paquete anterior, los mercados globales anticipaban la estabilización del precio del gas y del petróleo de manera progresiva.
El ministro Cuerpo ha valorado en más de 12.000 millones de euros el esfuerzo presupuestario acumulado asociado a los tres paquetes de medidas aprobados durante el año, e incorpora ahora una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel, destinada a compensar parcialmente el impacto del incremento del coste del combustible.
Debemos esperar, en todo caso, a la publicación del correspondiente real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado para conocer con precisión el alcance jurídico y económico de las medidas anunciadas, así como sus requisitos de aplicación, procedimiento de gestión, régimen de compatibilidad y mecanismos de revisión. Será entonces cuando las empresas del sector puedan determinar con exactitud las obligaciones y derechos derivados del nuevo régimen de ayudas y valorar su incidencia efectiva sobre los costes de explotación y la planificación financiera durante el último trimestre del ejercicio.
