La Comisión Europea anunció el pasado viernes la apertura de dos expedientes a España por no haber adoptado varias normativas comunitarias relativas al impuesto del IVA, entre ellas la directiva que da libertad a los países en el uso de tipos reducidos en este gravamen.
Esta directiva viene a sustituir el actual sistema de módulos y debía haber sido trasladada a nuestra legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2024.
Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento que suponen la apertura de dos procedimientos de infracción, la primera etapa de un proceso que, en caso de que no se subsanen las deficiencias detectadas, puede acabar en la Justicia europea.
Según explica la agencia Efe, la nueva directiva permitirá a las pequeñas empresas vender bienes y servicios sin cargar el IVA y también aliviará sus obligaciones tributarias en relación al impuesto. No hay que olvidar que unos 30.000 transportistas autónomos están acogidos actualmente al régimen de módulos, un sistema que se ha venido prorrogando en los últimos años pero que ahora es susceptible de inseguridad y duda.
Desde 2015 se ha ido prorrogando la cantidad límite de facturación anual para que los autónomos se acojan al sistema de módulos, que les es más beneficioso. Este año se había prorrogado por décima vez el mantenimiento de la facturación máxima hasta los 125.000 euros. Sin embargo, el Congreso no convalidó el decreto ley que recogía esa prórroga y, de momento, el límite de facturación ha quedado en 75.000 euros. Es posible que el Gobierno vuelva a aprobar un aumento en la facturación máxima, pero no hay certeza de ello. Nos encontramos ante situación de total incertidumbre ya que, cuando iniciaron el año lo hicieron acogidos legalmente a un régimen de tributación que, semanas después, les ha sido modificado unilateralmente cuando el ejercicio fiscal ya se encontraba iniciado sin que, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda haya clarificado como va a resolver dicha situación.
España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a las autoridades comunitarias que tienen la posibilidad da dar un nuevo paso en el expediente antes de acudir, en última instancia, al Tribunal de Justicia de la UE.
Esta directiva viene a sustituir el actual sistema de módulos y debía haber sido trasladada a nuestra legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2024.
Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento que suponen la apertura de dos procedimientos de infracción, la primera etapa de un proceso que, en caso de que no se subsanen las deficiencias detectadas, puede acabar en la Justicia europea.
Según explica la agencia Efe, la nueva directiva permitirá a las pequeñas empresas vender bienes y servicios sin cargar el IVA y también aliviará sus obligaciones tributarias en relación al impuesto. No hay que olvidar que unos 30.000 transportistas autónomos están acogidos actualmente al régimen de módulos, un sistema que se ha venido prorrogando en los últimos años pero que ahora es susceptible de inseguridad y duda.
Desde 2015 se ha ido prorrogando la cantidad límite de facturación anual para que los autónomos se acojan al sistema de módulos, que les es más beneficioso. Este año se había prorrogado por décima vez el mantenimiento de la facturación máxima hasta los 125.000 euros. Sin embargo, el Congreso no convalidó el decreto ley que recogía esa prórroga y, de momento, el límite de facturación ha quedado en 75.000 euros. Es posible que el Gobierno vuelva a aprobar un aumento en la facturación máxima, pero no hay certeza de ello. Nos encontramos ante situación de total incertidumbre ya que, cuando iniciaron el año lo hicieron acogidos legalmente a un régimen de tributación que, semanas después, les ha sido modificado unilateralmente cuando el ejercicio fiscal ya se encontraba iniciado sin que, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda haya clarificado como va a resolver dicha situación.
España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a las autoridades comunitarias que tienen la posibilidad da dar un nuevo paso en el expediente antes de acudir, en última instancia, al Tribunal de Justicia de la UE.
