El Ministerio de Transportes ha retrasado hasta principios del 2026 la entrada en vigor de la obligatoriedad de exigir a los transportistas el documento de control en formato electrónico.
En un primer momento, el documento de control electrónico iba a ser exigible a partir del 1 de septiembre de este año 2024 pero, por la complejidad técnica del mencionado documento y la necesidad de dar tiempo al sector para que se adapte al uso de las aplicaciones existentes, se ha pospuesto su exigencia.
Ante esta imposibilidad de digitalizar el documento en la fecha prevista, el Ministerio de Transportes ha transmitido a las organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, esta decisión.
Los profesionales del sector aprovechan para transmitir su rechazo a parte de la digitalización del sector y al calendario de implantación de dicha digitalización ya que entienden que supondrá un sobrecoste para los autónomos y para los negocios del Transporte. No parece que todas las propuestas que se formulan relacionadas con la digitalización vayan a mejorar la vida de los transportistas ni vayan a suponer un ahorro de costes para los mismos, como se afirma desde la Federación de Transporte Discrecional de Mercancías (FETRANSA).
Por ello, es necesario contar con el tiempo suficiente para poder determinar qué o cuáles documentos se deberán de confeccionar de manera digital por una imposición legal y analizar si es preciso modificar las responsabilidades de su incumplimiento, y cuáles de ellos será razonable confeccionarlos en formato digital, aunque no exista una obligación legal.
Detrás de la digitalización parece esconderse un gran negocio para los proveedores de dichos servicios que perjudica de forma grave los intereses de los propios transportistas.
Entre los transportistas, de hecho, se comenta el poco éxito obtenido por el Plan Moderniza, porque, según Fetransa, muchos agentes modernizadores exigen al transportista el adelanto de una parte del dinero hasta que éstos cobren la subvención. Con estos incentivos no es extraño que muchos transportistas hayan renunciado a solicitar la ayuda y cambiar el tacógrafo.
Por otro lado, en lo relativo al kit digital, sucede más o menos lo mismo. Sus fines son poco claros y no resuelven la duda de lo que pasará con los servicios contratados una vez haya de asumirse el coste real de los mismos.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las asociaciones de transportistas con representatividad en el sector, y el Ministerio Transportes tienen abierta una mesa de trabajo sobre digitalización, en la que debate sobre estos temas.
En un primer momento, el documento de control electrónico iba a ser exigible a partir del 1 de septiembre de este año 2024 pero, por la complejidad técnica del mencionado documento y la necesidad de dar tiempo al sector para que se adapte al uso de las aplicaciones existentes, se ha pospuesto su exigencia.
Ante esta imposibilidad de digitalizar el documento en la fecha prevista, el Ministerio de Transportes ha transmitido a las organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, esta decisión.
Los profesionales del sector aprovechan para transmitir su rechazo a parte de la digitalización del sector y al calendario de implantación de dicha digitalización ya que entienden que supondrá un sobrecoste para los autónomos y para los negocios del Transporte. No parece que todas las propuestas que se formulan relacionadas con la digitalización vayan a mejorar la vida de los transportistas ni vayan a suponer un ahorro de costes para los mismos, como se afirma desde la Federación de Transporte Discrecional de Mercancías (FETRANSA).
Por ello, es necesario contar con el tiempo suficiente para poder determinar qué o cuáles documentos se deberán de confeccionar de manera digital por una imposición legal y analizar si es preciso modificar las responsabilidades de su incumplimiento, y cuáles de ellos será razonable confeccionarlos en formato digital, aunque no exista una obligación legal.
Detrás de la digitalización parece esconderse un gran negocio para los proveedores de dichos servicios que perjudica de forma grave los intereses de los propios transportistas.
Entre los transportistas, de hecho, se comenta el poco éxito obtenido por el Plan Moderniza, porque, según Fetransa, muchos agentes modernizadores exigen al transportista el adelanto de una parte del dinero hasta que éstos cobren la subvención. Con estos incentivos no es extraño que muchos transportistas hayan renunciado a solicitar la ayuda y cambiar el tacógrafo.
Por otro lado, en lo relativo al kit digital, sucede más o menos lo mismo. Sus fines son poco claros y no resuelven la duda de lo que pasará con los servicios contratados una vez haya de asumirse el coste real de los mismos.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las asociaciones de transportistas con representatividad en el sector, y el Ministerio Transportes tienen abierta una mesa de trabajo sobre digitalización, en la que debate sobre estos temas.
