El Ministerio de Transportes ha publicado el Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2026 y la principal novedad gira en torno al aumento de las masas máximas autorizadas. Desde ahora, los camiones de más de cuatro ejes pueden operar con hasta 44 toneladas de masa máxima autorizada. Se trata de una medida largamente demandada por parte del sector, pero que la propia Administración reconoce como especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad vial y del desgaste de las infraestructuras.
Precisamente por ese motivo, el Plan subraya que 2026 será un año de vigilancia intensiva en esta materia. Al tratarse del primer ejercicio completo con los nuevos límites plenamente implantados, la Inspección de Transporte controlará de forma específica el cumplimiento de las masas máximas, tanto en controles en carretera como en inspecciones a empresas.
El Ministerio ha sido claro al recordar que los márgenes de tolerancia en materia de exceso de peso no se aplicarán cuando se supere la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. En otras palabras, si el vehículo rebasa sus límites técnicos, habrá sanción. Además de la multa correspondiente —conforme al baremo sancionador vigente — pueden adoptarse medidas accesorias como la inmovilización del vehículo.
Esto obliga a las empresas a extremar la prudencia. No basta con conocer la nueva masa máxima autorizada; es imprescindible verificar la masa técnicamente admisible del conjunto, la correcta distribución de cargas por eje y la adecuación del vehículo a los requisitos del fabricante. Una gestión inadecuada puede traducirse en sanciones económicas de cuantía elevada y en paralizaciones operativas.
Junto al control de pesos, el Plan mantiene como prioridad la lucha contra la morosidad en el sector. Desde que la normativa española incorporó sanciones específicas para los cargadores e intermediarios que superen los 60 días en el pago a transportistas, la Inspección ha intensificado este tipo de actuaciones. Según datos del propio Ministerio, los plazos medios de pago se han reducido en más de veinte días desde la implantación de estos controles.
Durante 2026 se revisarán contratos, facturas y documentación contable tanto en inspecciones derivadas de denuncia como en actuaciones ordinarias en sede empresarial. La morosidad, recuerda el Plan, afecta directamente a la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y repercute negativamente en su competitividad.
También continuará el control del cumplimiento de la denominada “ley de la cadena del transporte”, que exige que el precio pactado cubra la totalidad de los costes efectivos del servicio. La Inspección verificará el contenido de las cartas de porte y demás documentos contractuales en los que figure el precio, analizando, cuando proceda, si el importe abonado cubre realmente los costes del transporte. Aunque en el sector se percibe que esta medida ha tenido menos impacto práctico que la lucha contra la morosidad, seguirá siendo objeto de revisión en 2026.
Otro elemento relevante del Plan es la consolidación del sistema de clasificación de riesgos de las empresas. La Administración continuará aplicando un enfoque basado en el riesgo, seleccionando para controles más frecuentes y exhaustivos a aquellas empresas con mayor número relativo y gravedad de infracciones. Las empresas con peor historial inspector estarán, por tanto, sometidas a una mayor presión de control, mientras que aquellas con un cumplimiento adecuado verán reducida la intensidad inspectora.
En definitiva, el Plan de Inspección para 2026 transmite un mensaje claro: el incremento a 44 toneladas supone una oportunidad operativa para el sector, pero también conlleva un refuerzo del control administrativo. Las empresas y conductores que ajusten su operativa a los nuevos límites técnicos y mantengan una correcta gestión documental no deberían encontrar dificultades. Por el contrario, cualquier relajación en materia de pesos, plazos de pago o documentación contractual previsiblemente tendrá consecuencias sancionadoras.
Precisamente por ese motivo, el Plan subraya que 2026 será un año de vigilancia intensiva en esta materia. Al tratarse del primer ejercicio completo con los nuevos límites plenamente implantados, la Inspección de Transporte controlará de forma específica el cumplimiento de las masas máximas, tanto en controles en carretera como en inspecciones a empresas.
El Ministerio ha sido claro al recordar que los márgenes de tolerancia en materia de exceso de peso no se aplicarán cuando se supere la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. En otras palabras, si el vehículo rebasa sus límites técnicos, habrá sanción. Además de la multa correspondiente —conforme al baremo sancionador vigente — pueden adoptarse medidas accesorias como la inmovilización del vehículo.
Esto obliga a las empresas a extremar la prudencia. No basta con conocer la nueva masa máxima autorizada; es imprescindible verificar la masa técnicamente admisible del conjunto, la correcta distribución de cargas por eje y la adecuación del vehículo a los requisitos del fabricante. Una gestión inadecuada puede traducirse en sanciones económicas de cuantía elevada y en paralizaciones operativas.
Junto al control de pesos, el Plan mantiene como prioridad la lucha contra la morosidad en el sector. Desde que la normativa española incorporó sanciones específicas para los cargadores e intermediarios que superen los 60 días en el pago a transportistas, la Inspección ha intensificado este tipo de actuaciones. Según datos del propio Ministerio, los plazos medios de pago se han reducido en más de veinte días desde la implantación de estos controles.
Durante 2026 se revisarán contratos, facturas y documentación contable tanto en inspecciones derivadas de denuncia como en actuaciones ordinarias en sede empresarial. La morosidad, recuerda el Plan, afecta directamente a la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y repercute negativamente en su competitividad.
También continuará el control del cumplimiento de la denominada “ley de la cadena del transporte”, que exige que el precio pactado cubra la totalidad de los costes efectivos del servicio. La Inspección verificará el contenido de las cartas de porte y demás documentos contractuales en los que figure el precio, analizando, cuando proceda, si el importe abonado cubre realmente los costes del transporte. Aunque en el sector se percibe que esta medida ha tenido menos impacto práctico que la lucha contra la morosidad, seguirá siendo objeto de revisión en 2026.
Otro elemento relevante del Plan es la consolidación del sistema de clasificación de riesgos de las empresas. La Administración continuará aplicando un enfoque basado en el riesgo, seleccionando para controles más frecuentes y exhaustivos a aquellas empresas con mayor número relativo y gravedad de infracciones. Las empresas con peor historial inspector estarán, por tanto, sometidas a una mayor presión de control, mientras que aquellas con un cumplimiento adecuado verán reducida la intensidad inspectora.
En definitiva, el Plan de Inspección para 2026 transmite un mensaje claro: el incremento a 44 toneladas supone una oportunidad operativa para el sector, pero también conlleva un refuerzo del control administrativo. Las empresas y conductores que ajusten su operativa a los nuevos límites técnicos y mantengan una correcta gestión documental no deberían encontrar dificultades. Por el contrario, cualquier relajación en materia de pesos, plazos de pago o documentación contractual previsiblemente tendrá consecuencias sancionadoras.
