En defensa de los derechos de los transportistas españoles, desde ATRAM, se ha presentado, en nombre de uno de nuestros clientes, una queja formal ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la imposición de una sanción injusta, de la que fue objeto la empresa de transportes, en el transcurso de la realización de un transporte internacional.
Como recordamos, en la reunión del Comité de Transporte Terrestre de la Comisión Europea del pasado 18 de diciembre de 2024, se llegó a un consenso entre los Estados miembros para establecer un período de concienciación de dos meses adicionales, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2025, sobre la disposición de uso de tacógrafo inteligente de segunda generación para transporte internacional, durante el cual los conductores no serían multados y se les informaría de la obligación de equipar sus vehículos con un tacógrafo compatible.
Este período de gracia fue acordado y ratificado, entre otros Estados miembros, por Bélgica.
Pues bien, el pasado 4 de febrero de 2025, dentro del periodo de concienciación concedido, en un control en carretera en Bélgica, uno de los vehículos de nuestro cliente fue sancionado por llevar instalado un aparato tacógrafo que aún no había sido adaptado como tacógrafo inteligente de segunda generación debido a las dificultades de suministro. Insistimos en que la sanción se impuso dentro del período de gracia establecido.
Por ello, se considera dicha sanción un incumplimiento flagrante de los acuerdos comunitarios y una vulneración de los derechos de nuestro cliente. Además, la imposición de la sanción fue acompañada de la retención del vehículo hasta el pago de la multa, sin posibilidad de defensa posterior ante un tribunal, lo que supone una clara violación de los principios de tutela judicial efectiva y proporcionalidad en la aplicación de las normas.
Este proceder por parte del Gobierno belga supone un grave perjuicio económico y operativo para nuestro cliente generando inseguridad jurídica para el sector del transporte internacional y afectando directamente a las empresas españolas que operan en la Unión Europea.
Así, en la queja interpuesta, se ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que:
Esperamos una pronta respuesta y acción efectiva por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya que la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad del sector del transporte. No podemos permitir que se sancione a empresas de forma arbitraria, ignorando acuerdos europeos vigentes.
Desde ATRAM, seguiremos trabajando, dentro de nuestras posibilidades, para proteger los derechos de nuestros clientes reiterando nuestro compromiso con la defensa del sector del transporte en España.
Como recordamos, en la reunión del Comité de Transporte Terrestre de la Comisión Europea del pasado 18 de diciembre de 2024, se llegó a un consenso entre los Estados miembros para establecer un período de concienciación de dos meses adicionales, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2025, sobre la disposición de uso de tacógrafo inteligente de segunda generación para transporte internacional, durante el cual los conductores no serían multados y se les informaría de la obligación de equipar sus vehículos con un tacógrafo compatible.
Este período de gracia fue acordado y ratificado, entre otros Estados miembros, por Bélgica.
Pues bien, el pasado 4 de febrero de 2025, dentro del periodo de concienciación concedido, en un control en carretera en Bélgica, uno de los vehículos de nuestro cliente fue sancionado por llevar instalado un aparato tacógrafo que aún no había sido adaptado como tacógrafo inteligente de segunda generación debido a las dificultades de suministro. Insistimos en que la sanción se impuso dentro del período de gracia establecido.
Por ello, se considera dicha sanción un incumplimiento flagrante de los acuerdos comunitarios y una vulneración de los derechos de nuestro cliente. Además, la imposición de la sanción fue acompañada de la retención del vehículo hasta el pago de la multa, sin posibilidad de defensa posterior ante un tribunal, lo que supone una clara violación de los principios de tutela judicial efectiva y proporcionalidad en la aplicación de las normas.
Este proceder por parte del Gobierno belga supone un grave perjuicio económico y operativo para nuestro cliente generando inseguridad jurídica para el sector del transporte internacional y afectando directamente a las empresas españolas que operan en la Unión Europea.
Así, en la queja interpuesta, se ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que:
- Interceda ante las autoridades belgas para la anulación de la sanción y la devolución del importe indebidamente abonado solicitando, además, la compensación por el lucro cesante derivado de la retención indebida del vehículo, incluyendo la indemnización correspondiente por todos los días en que la unidad ha permanecido inmovilizada, con el consiguiente perjuicio económico y operativo para nuestro cliente.
- Exija explicaciones al Gobierno belga sobre el incumplimiento de los acuerdos comunitarios y la vulneración de los derechos de los transportistas españoles.
- Inste a la Comisión Europea a tomar medidas contra este tipo de actuaciones que afectan de manera directa a los intereses del transporte español y europeo.
- Refuerce la defensa de los transportistas españoles y adopte las acciones necesarias para garantizar su defensa en los foros internacionales evitando que se repitan situaciones similares en otros Estados miembros.
Esperamos una pronta respuesta y acción efectiva por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya que la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad del sector del transporte. No podemos permitir que se sancione a empresas de forma arbitraria, ignorando acuerdos europeos vigentes.
Desde ATRAM, seguiremos trabajando, dentro de nuestras posibilidades, para proteger los derechos de nuestros clientes reiterando nuestro compromiso con la defensa del sector del transporte en España.
