El Tribunal Supremo ha desestimado, en sus sentencias STS 1372/2023, 2 de Noviembre de 2023 y STS 183/2024, 2 de febrero de 2024, los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona, en relación a la sentencia de fecha 21 de marzo de 2022, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección quinta), que estimaba “el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Ordenanza relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona con el objetivo de preservar y mejorar la calidad del aire, aprobada por el Plenario del Consejo Municipal en sesión de 20 de diciembre de 2019, la cual se anula”.
La ordenanza municipal fue recurrida por cinco asociaciones: el Gremio de Transporte y Maquinaria de la Construcción, la Asociación General de Autónomos PYMES Transportistas de Cataluña, la Federación Catalana de Transporte de Barcelona, la Asociación de Transportistas Agrupados Condal y Transprime Spanish Shippers Council. La Sala de instancia del Tribunal Superior de Cataluña, tras un extenso razonamiento anulaba la Ordenanza Municipal de 2019 que regulaba la ZBE, por apreciar vicios sustanciales en las diferentes memorias e informes emitidos en la tramitación del expediente de aprobación de la ordenanza, especialmente por tomar como punto de partida datos no actualizados y no haberse ponderado suficientemente el alcance y consecuencias de la ordenanza impugnada sobre la movilidad de los ciudadanos.
Tras estas sentencias, las cinco asociaciones han exigido al Ayuntamiento de Barcelona la devolución de los importes pagados por las multas emitidas por circular en ZBE, lo cual aseguran, no se ha producido aún, por lo que no descartan acudir a la vía judicial para exigir que se haga efectivo el reembolso. Las multas emitidas se enmarcan en dos espacios temporales:
El Ayuntamiento de Barcelona procedió el 21 de febrero de 2023 a modificar la Ordenanza Municipal reguladora de la ZBE, mediante publicación en el BOPB, de manera que seguirán vigentes restricciones en la movilidad para disminuir las emisiones derivadas, en todos aquellos municipios cuya población supere los 50.000 habitantes, en cumplimiento de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
La ordenanza municipal fue recurrida por cinco asociaciones: el Gremio de Transporte y Maquinaria de la Construcción, la Asociación General de Autónomos PYMES Transportistas de Cataluña, la Federación Catalana de Transporte de Barcelona, la Asociación de Transportistas Agrupados Condal y Transprime Spanish Shippers Council. La Sala de instancia del Tribunal Superior de Cataluña, tras un extenso razonamiento anulaba la Ordenanza Municipal de 2019 que regulaba la ZBE, por apreciar vicios sustanciales en las diferentes memorias e informes emitidos en la tramitación del expediente de aprobación de la ordenanza, especialmente por tomar como punto de partida datos no actualizados y no haberse ponderado suficientemente el alcance y consecuencias de la ordenanza impugnada sobre la movilidad de los ciudadanos.
Tras estas sentencias, las cinco asociaciones han exigido al Ayuntamiento de Barcelona la devolución de los importes pagados por las multas emitidas por circular en ZBE, lo cual aseguran, no se ha producido aún, por lo que no descartan acudir a la vía judicial para exigir que se haga efectivo el reembolso. Las multas emitidas se enmarcan en dos espacios temporales:
- Las que se produjeron a partir de la nulidad de la Ordenanza Municipal reguladora de ZBE, dictada por la sentencia del TSJC de fecha 21 de marzo de 2022 y la modificación de dicha Ordenanza el 21 de febrero de 2023.
- Las multas que se produjeron desde la entrada en vigor de la primera Ordenanza Municipal reguladora de ZBE, en enero de 2020, hasta la sentencia del TSJC de 21 de marzo de 2022.
El Ayuntamiento de Barcelona procedió el 21 de febrero de 2023 a modificar la Ordenanza Municipal reguladora de la ZBE, mediante publicación en el BOPB, de manera que seguirán vigentes restricciones en la movilidad para disminuir las emisiones derivadas, en todos aquellos municipios cuya población supere los 50.000 habitantes, en cumplimiento de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
